lunes, 21 de octubre de 2013

Sobre la insensata "Ley de derribo".


No es ninguna novedad que la absurda e irremediablemente perdida "guerra contra las drogas" ha llevado en las últimas décadas a los gobiernos de distintos países a adoptar medidas crecientemente disparatadas y peligrosas para los derechos individuales. Afirmar que la guerra contra las drogas es una amenaza mucho mayor para la humanidad que el flagelo de la droga en si mismo no parece exagerado a esta altura de los acontecimientos. La cruzada emprendida por el moralismo puritano contra el consumo de drogas ha causado, en mi opinión, muchas más muertes y violencia que las que el propio consumo hubiera generado de haber permanecido libre. Todo ello, para colmo, en pos de un objetivo en rigor ilegítimo como lo es el de imponer ideales de conducta a individuos adultos.

Pero si la paranoia antidrogas es ya de por si peligrosa, el cóctel se torna explosivo cuando se la combina con la inveterada vocación por la demagogia de los políticos, más aún si se encuentran en campaña electoral. Así, invocando la necesidad de tomar enérgicas acciones contra el narcotráfico y agitando el fantasma de la inseguridad, varios candidatos han anunciado proyectos de ley para autorizar el derribo de aeronaves que ingresan al territorio nacional sin identificarse, supuestamente con el propósito de transportar drogas.

Básicamente, lo que se propone es un mecanismo por el cual la Fuerza Aérea pueda derribar a cualquier aeronave que ingrese en el espacio aéreo argentino sin identificarse y que no responda a una serie de advertencias tendientes a lograr su identificación y aterrizaje. Lo que equivale básicamente a decir que se autoriza a la autoridad militar a imponer la pena de muerte a individuos sobre los que apenas pesa la sospecha de un delito, sin juicio previo, sin autorización judicial, y sin que siquiera haya mediado agresión alguna de su parte. Para poner un ejemplo, podemos transcribir el art. 7 del proyecto de ley presentado por diputados del PRO y el Peronismo Federal en abril de 2011, que no difiere de las propuestas de otros partidos (el texto completo del proyecto puede verse aquí):
Art. 7. - A partir de la promulgación de la presente ley y ante la penetración aérea de la frontera nacional por parte de aeronaves no identificadas ni autorizadas, las aeronaves de intercepción de la Fuerza Aérea destinadas a defender el espacio aéreo nacional como así también a ejecutar el Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte deberán seguir los siguientes pasos:
1. Reconocimiento visual de la aeronave irregular y de su matrícula.
2. Verificación de datos en el Centro de Control de Vuelos sobre el territorio nacional.
3. Determinada la irregularidad del vuelo, se intentará la toma de contacto radial con el mismo mediante la frecuencia internacional de emergencia para intimarlo a su identificación, al cambio de su ruta y se le ordenará el aterrizaje en el aeródromo que se le indique dentro del territorio nacional.
4. De no haber respuesta radial, se considerar al vuelo como sospechoso y se le realizarán señales visuales tendientes a lograr su aterrizaje.
5. Ante signos de desobediencia por parte de la aeronave sospechosa, se le deberán efectuar disparos de advertencia con munición trazadora.
6. En caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la declarará hostil y se le efectuarán disparos de derribo para su destrucción. 
7. En cualquier momento del proceso, si la aeronave sospechosa demostrase hostilidad hacia el interceptor, este último podrá hacer fuego defensivo sin importar en que etapa del proceso de intercepción se encontrase.
8. En ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero.
9. Si en algún momento del proceso de intercepción, desde la aeronave irregular, sospechosa u hostil se arrojase algún objeto hacia tierra, el interceptor debería dar inmediato aviso de la localización más exacta posible del cuerpo arrojado para que las fuerzas de seguridad en tierra puedan dar con él.
10. Todo el procedimiento de intercepción deberá ser grabado en audio y video para que el material que de ese modo se registre pueda servir como prueba llegado el caso.

Como puede observarse, el derribo de aeronaves queda autorizado como mera consecuencia de una sospecha, y ante la falta de respuesta frente a una serie de advertencias. Es difícil ver cómo podría conciliarse semejante disposición con el derecho a la defensa en juicio, el principio de inocencia y la abolición de la pena de muerte, previstas en nuestra Constitución Nacional y diversos tratados de Derechos Humanos (por ejemplo, art. 18 de la CN, arts. 4.3, 8.1, 8.2 de la CADH). Estamos hablando, ni más ni menos, de autorizar el asesinato, sin que siquiera haya mediado una agresión concreta previa, de personas a las que no se ha dado oportunidad de un juicio justo, sólo porque la norma presume, iure et de iure, que al no responder a las advertencias de la Fuerza Aérea, son delincuentes.

Además del disparate jurídico que semejante norma supone, hay que anotar la paradoja de que se autoriza a matar a personas sospechadas de cometer delitos que, en si mismos, sólo son pasibles de penas de prisión temporal. Es decir que si se identifica y juzga al supuesto narcotraficante, en el peor de los casos recibirá una pena de prisión limitada en el tiempo, mientras que si no se lo logra identificar, y ni siquiera establecer si realmente se trata de un narcotraficante, se lo podría matar legalmente. Decir que semejante disposición atenta contra los principios más elementales de la lógica, es ser por demás generoso.

Más allá del atentado que el proyecto supone contra el Estado de Derecho, cabe considerar además que la autorización de derribo es en la práctica absolutamente innecesaria (al punto de que, en los países en que se encuentra prevista, casi nunca se ha aplicado). Si lo que se busca es evitar el ingreso de aeronaves no identificadas, potencialmente cargadas de drogas, armas u otros bienes ilícitos, alcanzaría con disponer su seguimiento por parte de la Fuerza Aérea hasta el punto de aterrizaje, y en todo caso dotar a las autoridades militares o policiales de los elementos materiales para arribar rápidamente al lugar y proceder a la detención de sus tripulantes. Por otra parte, si el seguimiento determinara el abandono por parte de la aeronave no identificada del espacio aéreo nacional, se habría evitado el hecho que la norma supuestamente busca disuadir, sin necesidad alguna de derribo.

En conclusión, no veo que existan razones jurídicas ni prácticas para justificar la tan meneada "Ley de derribo", más allá de la obstinación en recurrir a medidas crecientemente más drásticas para tratar de vencer en una "guerra" que está perdida de antemano, y que jamás debió ser emprendida.

Pero aún veo más argumentos en contra de la promocionada autorización de derribo. Supongamos que la aeronave no puede responder a las advertencias de la Fuerza Aérea por algún problema en el sistema de comunicaciones, o porque la tripulación no las advierte por cualquier razón. O que se trata de una aeronave que transporta personas secuestradas por una banda de delincuentes, que por ello no se identifican. Derribar la aeronave no identificada en tales casos implicaría no ya la muerte de sospechosos a los que no se ha dado posibilidad de defensa, sino el asesinato de personas inocentes, e incluso víctimas de un delito. Son riesgos concretos, que pueden presentarse en la realidad, y que la norma propuesta no tiene cómo evitar. Un precio demasiado alto para alcanzar un fin último que no es otro que el de evitar que algunas personas voluntariamente se dañen a si mismas.




P.D.: El riesgo de que personas inocentes mueran como consecuencia del derribo de aeronaves civiles por parte de la autoridad militar no es en absoluto un caso hipotético o de laboratorio. De hecho, así ocurrió el 31/8/1983, cuando aviones militares soviéticos derribaron un Boeing 747 de Korean Air, matando a 269 personas, por sospechar que se trataba de una aeronave espía. La tapa de la revista Time que inicia el artículo ilustra precisamente el incidente. Ver: "Vuelo 007 de Korean Air".

martes, 13 de agosto de 2013

Populismo penal, un clásico electoral

No es extraño que, siendo la inseguridad uno de los temas acuciantes de la agenda pública de las últimas décadas, en las vísperas de cada elección se multipliquen las promesas de nuevos planes para combatir el delito. Promesas que, las más de las veces, son poco más que repetición de slogans demagógicos y gastados, incluso ya llevados a la práctica en otras oportunidades, con resultados invariablemente frustrantes.

El recurso fácil de cualquier candidato para mostrarse "preocupado" por el incesante crecimiento de la violencia delictiva es echar mano al populismo penal, es decir, ofrecer el endurecimiento de penas y el relajamiento de los procesos como solución mágica al flagelo de la delincuencia. La opinión pública parece ser inmune a la prueba del fracaso de los anteriores planes de "mano dura". Siempre hay oídos dispuestos a escuchar que los problemas de la sociedad se remedian con más, más y más leyes. Cómo si la raíz del problema fuera la insuficiencia de amenazas plasmadas en el Código Penal (que las hay para todos los gustos y suficientemente duras), y no, por ejemplo y entre muchas otras, la persistencia de fuerzas policiales que son verdaderas "Armadas Brancaleone", insuficientemente capacitadas, mal pertrechadas, y peor pagadas, caldo de cultivo ideal para la corrupción y la inoperancia. O el sistemático incumplimiento del mandato constitucional de tener "cárceles sanas y limpias", en lugar de pocilgas dominadas por la anarquía; fábricas de violencia y resentimiento. Por no hablar, en definitiva, de la expansión de una subcultura marginal, ajena a los valores de respeto al prójimo, responsabilidad individual y cumplimiento de las normas, imprescindibles para la convivencia civilizada.

Ahora bien, si es ya de por si desanlentador que se privilegie el recurso gratuito de modificar la ley por sobre las soluciones más costosas y de fondo, peor es que se lo haga ligeramente y sin fundamentos. En otras latitudes, al menos, se recurre a teorías y datos estadísticos que avalan las propuestas de endurecimiento de las penas. Teorías y datos cuestionables y refutables, por cierto, pero que precisamente por ello al menos tienen un valor científico y no son meras declaraciones de principios o proclamaciones de fe. Aquí nada de eso sucede. Se promueven cambios a las normas penales con una facilidad sorprendente, sin otro fundamento que las encuestas que dicen que eso es lo que los votantes quieren oir.

Con frecuencia se llega al absurdo, a propuestas que contrarían no ya la experiencia internacional, los criterios científicos, sino al más elemental sentido común. Uno de los más encumbrados candidatos bonaerenses, por caso, promete a los cuatro vientos un paquete de leyes penales, entre las cuales se encuentra una verdadera "perla negra" que merece mencionarse: la teoría del aspirante a legislador en cuestión, es que pueden prevenirse más eficazmente los delitos sexuales amenazando con pena de prisión perpetua la violación agravada por el vínculo.

Se trata, sin dudas, de una de las ideas más absurdas que se hayan escuchado en mucho tiempo. No sólo porque es dudoso el efecto disuasivo de la amenaza de la pena en los casos de delitos sexuales, sino porque, precisamente teniendo por válida la existencia de ese efecto, la norma propuesta causaría un efecto secundario indeseado y alarmante: promover los homicidios vinculados a los delitos sexuales.

Me explico. Si la teoría detrás de las propuestas de endurecimiento penal es que los potenciales delincuentes son individuos racionales que actúan en función de incentivos, y que la decisión de cometer un delito dependerá de comparar la "ganancia" que eventualmente se obtendría (llámese dinero, satisfacción de la líbido o de un deseo de venganza, placer sádico o lo que fuera) contra la "pena esperada" (dada por la sanción prevista en la norma multiplicada por la posibilidad de su aplicación), es claro que igualar la pena de la violación con la del homicidio no puede jamás conducir a buenos resultados. Ante la posibilidad de que la víctima lo denuncie o declare en su contra, el agresor sexual tendrá un incentivo para intentar matarla, puesto que quizá de ese modo, procurando ocultar el cadáver, el delincuente podría esperar quedar impune de ambos delitos, y en todo caso, aún descubierto el homicidio, su situación no sería peor que de haber cometido sólo la violación.

La propuesta de equiparar la violación agravada por el vínculo con el homicidio es, por ser diplomático, una pésima idea. Y está claro que no descubro nada al decir esto. Desde los albores del pensamiento penal se viene sosteniendo que debe existir cierta proporcionalidad entre la gravedad del delito y la dureza de la pena con que se amenaza, que al delito más grave debe corresponder la pena más severa y viceversa. Hace más de dos siglos que Beccaria, padre del Derecho Penal moderno, ya advertía que "si se destina una pena igual a dos delitos que ofenden de manera desigual a la sociedad, los hombres no hallarán un obstáculo más fuerte para cometer el mayor delito, si a él ven unida una mayor ventaja".

Lamentablemente, el populismo penal no parece detenerse ante la refutación lógica ni la evidencia empírica. Y así, ante cada elección, terminamos discutiendo consignas vacías (como si las palabras por si solas resolvieran los problemas, así estén plasmadas en una ley), haciéndole el juego a los charlatanes y los demagogos, en lugar de debatir argumentos, basados en teorías consistentes y en hechos concretos, que puedan llevarnos alguna vez a aplacar realmente el hasta ahora irreductible flagelo de la violencia delictiva.

viernes, 2 de agosto de 2013

El dos ochenta



Si hay algo que siempre me causó enojo y fastidio al estudiar jurisprudencia de la Corte Suprema, es la recurrente invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN, para los amigos) para rechazar recursos extraordinarios sin fundamentación alguna. Mi idea siempre fue que, si un conflicto es lo suficientemente importante para las partes como para pasearlo durante años por todas las instancias hasta llegar al máximo tribunal, es poco menos que una falta de respeto despacharlo sin siquiera esbozar argumentos mediante la cita ritual y meramente formal del articulito en cuestión, que (en lo que aquí interesa) dispone: "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

Lo que me hace particularmente ruido, lo que me revuelve las entrañas y enciende las alarmas que gritan "¡inconstitucionalidad, inconstitucionalidad", es precisamente la parte donde dice "sana discreción" y autoriza a rechazar recursos sin necesidad de fundamentación. ¿Qué es esto de que un tribunal (y no cualquier tribunal, sino la máxima instancia de nuestro sistema judicial) pueda resolver cuestiones en las que se encuentran en controversia los derechos de los ciudadanos, sin tener siquiera que argumentar sus decisiones, aunque más no sea mínimamente? En un Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos deberían estar al servicio, y sujetos al control, de los ciudadanos, no hay espacio para las decisiones discrecionales. Una decisión discrecional es, básicamente y por definición, una decisión librada al arbitrio de quien la dicta, y como tal insusceptible de ser controlada por la ciudadanía. Es algo propio de las monarquías o los regímenes dictatoriales, donde las autoridades no precisan rendir cuentas de sus acciones, pero incompatible con un sistema de gobierno republicano y democrático.

Podrá decirse que la propia norma establece que las causas para rechazar el recurso extraordinario son la "falta de agravio federal suficiente" y la falta de trascendencia de las cuestiones planteadas, pero lo cierto es que jamás podremos saber si esos criterios son bien o mal aplicados en cada caso concreto, puesto que la sola invocación de la norma resulta fundamento suficiente de la resolución del Tribunal. De tal modo, no solo se viola el derecho de las partes a un proceso justo, sino el de la sociedad toda a controlar el accionar de los magistrados. Es decir, se viola nada menos que el debido proceso y la forma republicana de gobierno.

No voy a ahondar más sobre estas cuestiones, puesto que me desviaría de lo que desde un principio quería decir, que no es otra cosa que la disposición del art. 280 del CPCCN es, en el estado actual de nuestro sistema procesal, absolutamente necesaria.

Supondrá el lector a esta altura que he perdido la poca cordura que me quedaba. ¿Cómo puedo estar diciendo que el dos ochenta es inconstitucional y contrario al espíritu republicano, y al mismo tiempo sostener que es necesario?

Pues bien, a nadie escapa que, de no haber alguna forma medianamente expeditiva de librarse de los planteos intrascendentes o inviables de las partes, el funcionamiento de nuestra Corte Suprema se tornaría materialmente imposible. Según las estadísticas del propio tribunal, cada año llegan a su conocimiento unos 15.000 expedientes y se dictan unas 10.000 resoluciones. Ni aún suponiendo que los ministros del tribunal poseen una sobrehumana capacidad de trabajo podríamos seriamente plantearnos la posibilidad de que examinen, discutan y resuelvan fundadamente semejante cantidad de casos. Aún dotados de un verdadero ejército de secretarios, auxiliares letrados y asesores varios, resulta igualmente impensable que apenas siete personas puedan estampar su firma en diez mil resoluciones distintas con un conocimiento aunque más no sea mínimo de lo que están rubricando. Y ahí es donde el art. 280 del CPCCN se torna un mal necesario, al permitir la reducción sustancial del número de casos anuales que verdaderamente analizarán los jueces de la Corte Suprema.

Ahora bien, ¿es posible que la Corte cumpla adecuadamente sus funciones sin tener que recurrir al abominable e inconstitucional instituto del certiorari criollo del art. 280 del CPCCN?

Creo que la respuesta es afirmativa, y que la solución pasa por reducir drásticamente el número de causas que llegan a la Corte cada año.

Para ello existen varias vías.

La más evidente, es una reforma a la legislación procesal que acote las funciones de la Corte a su originario rol de control de constitucionalidad, en lugar del papel de virtual tribunal de tercera instancia en el que ha terminado por convertirse. Así, deberían restringirse las causales que dan lugar al recurso extraordinario estrictamente a los conflictos de constitucionalidad y en la medida, además, en que posean trascendencia institucional, dejándose las demás cuestiones (en particular los supuestos de arbitrariedad de sentencia) bajo jurisdicción de tribunales de Casación como los que recientemente se han creado (y cuya conformación y validez aún se encuentra en vilo). Estos tribunales de Casación deberían convertirse en la última instancia de la mayor parte de los procesos, dado que de lo contrario no terminaríamos sino volviendo a la situación actual, con la agravante de agregar un par de años a los ya de por si interminables trámites judiciales. Las reglas de selección de los miembros de estos tribunales, de modo de asegurar su imparcialidad y prestigio, ya son cuestión de la que no puedo ocuparme en estas líneas.

Pero no todo pasa por reformas procesales y del organigrama judicial. Hay cosas mucho más simples que pueden hacerse para reducir la cantidad de casos que ingresan anualmente a la Corte Suprema hasta alcanzar un número razonable. Una de ellas sería modificar los reglamentos que rigen la representación judicial del Estado Nacional, y que actualmente obligan a sus abogados a apelar hasta las últimas instancias todas las resoluciones que les resultan adversas a menos que medie autorización expresa al respecto. Si, por ejemplo, se autorizara a los abogados de la Anses a consentir las sentencias adversas relativas a cuestiones sobre las que existe asentada jurisprudencia de la Corte, el número de casos que ingresa anualmente al Tribunal se reduciría prácticamente a la mitad.

Incluso en materia de formación profesional existe camino por hacer. Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en formar a los abogados en la idea de que existen formas alternativas de solucionar conflictos que no pasan por los tribunales, la cultura del juicio sigue aún vigente y con buena salud, y no son pocos los colegas que prometen a sus clientes llegar siempre hasta las últimas consecuencias, aún a sabiendas que en la mayoría de los casos ello resultará infructuoso (y oneroso). En la mayoría de los países del mundo, llevar un caso ante la Corte Suprema es algo excepcional en la vida de un abogado y hasta motivo de orgullo (en los EEUU, la Supreme Court no suele resolver más de 150 casos por año), mientras que por estos pagos las estadísticas no parecieran indicar lo mismo.

En definitiva, sólo reduciendo significativamente la carga de trabajo de nuestra Corte Suprema podremos alguna vez abolir el infausto artículo 280 del CPCCN y exigir a sus miembros que fundamenten adecuadamente y en cada caso su decisión de rechazar un recurso extraordinario.

miércoles, 24 de julio de 2013

La nulidad por la nulidad misma



Varias veces he sostenido, hablando del proceso penal, que soy partidario de declarar la nulidad por la nulidad misma. Habiendo notado que mis eventuales interlocutores vacilan en tomarme en serio, parece necesario explicarme un poco.

Sostener que es válido declarar la nulidad por la nulidad misma no significa, en realidad, avalar los planteos evidentemente inconducentes y muchas veces disparatados que los abogados suelen (solemos) introducir al mero efecto de dilatar los tiempos procesales, aún a sabiendas de la inexistencia de un perjuicio concreto para sus clientes.

Sostener que es válido declarar la nulidad por la nulidad misma significa, más bien, rebelarme contra el latiguillo de que la declaración de nulidad es un remedio extremo y excepcional, dado que debe primar la conservación del proceso y que no se debe, precisamente, "declarar la nulidad por la nulidad misma". Significa, en realidad, impugnar la ideología que se esconde detrás del latiguillo, según la cual el derecho del Estado a perseguir penalmente debe primar por sobre el derecho de los ciudadanos a no ser innecesariamente involucrados en un proceso penal. Ideología autoritaria, inquisitiva, que tiende a elevar la razón de Estado hacia el todo, y degradar los derechos del individuo hacia la nada. Ideología encubridora, cómplice, en virtud de la cual los errores del aparato de Justicia son siempre soslayables, mientras que los de los justiciables son inevitablemente insalvables.

Sostener que es válido declarar la nulidad por la nulidad misma implica tener bien presente que lo verdaderamente excepcional es el proceso penal mismo. Que el Derecho Penal es, en toda circunstancia, ultima ratio, remedio extremo. Que el principio general es la Libertad, y siendo el proceso penal una de sus excepciones, en caso de duda debe primar su extinción, no su conservación.

Sostener que es válido declarar la nulidad por la nulidad misma es consecuencia de defender la idea de que el proceso penal tiene por objeto primordial contener el poder punitivo, no justificarlo, y que por ello la protección de las garantías individuales está íntimamente ligada al riguroso cumplimiento de las reglas procesales por parte del tribunal y la acusación.

Sostener que es válido declarar la nulidad por la nulidad misma es también denunciar que imponer al imputado que ataca la validez de un acto procesal formalmente irregular la carga de, además, demostrar el perjuicio que ese acto le causa (muchas veces tan real como indemostrable), implica consagrar una irritante desigualdad a favor del poder represivo del Estado. Invertir la carga de la prueba en perjuicio de la parte más débil de la contienda.

En definitiva, en un Estado de Derecho, declarar la nulidad por la nulidad misma no se me hace tan sólo válido y posible, sino en algunos casos, incluso, necesario.



viernes, 8 de junio de 2012

El fallo "Carrera" (o una Corte a medio camino entre la Justicia y la tibieza)

I. ¿Qué se juzgó en el caso "Carrera"?

Hay veces que no tiene demasiado sentido analizar una resolución judicial por su contenido jurídico, sino que es menester dejar de lado sus aciertos o desaciertos técnicos, y valorar simplemente su importancia "política" dentro del contexto en que fue dictada. El recientísimo fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Carrera" es un buen ejemplo de ello y, más aún, demuestra cómo una correcta resolución técnica puede ser al mismo tiempo una decepcionante decisión política.

Pongámonos un poco en contexto.

Fernando Carrera fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 de la Capital Federal a una pena de treinta años de prisión, por considerarlo penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, homicidio doloso reiterado en tres ocasiones, lesiones graves reiteradas en dos ocasiones, lesiones leves reiteradas en dos ocasiones, abuso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de guerra, en el marco de un episodio que la prensa amarillista bautizó como la "masacre de Pompeya".

En lo concreto, según la versión del Tribunal, Carrera habría robado junto a un cómplice una suma de dinero a una persona que se encontraba estacionando su automóvil, dándose a la fuga en su propio vehículo. Alertada la policía del hecho, se produjo una persecución por una transitada avenida del barrio de Pompeya, en el transcurso de la cual Carrera habría circulado de contramano intercambiando disparos con la policía, para finalmente atropellar a cinco personas (tres de las cuales fallecieron) y estrellarse contra un automóvil estacionado, provocando lesiones a otras dos personas. Siempre según la versión del Tribunal de juicio, Carrera habría seguido disparando contra la policía después de la colisión, hasta ser finalmente reducido.

Sin embargo, la versión del Tribunal (coincidente con la brindada por la policía), exhibía graves incongruencias, no sólo advertidas por la defensa de Carrera, sino además hechas públicas por el cineasta Enrique Piñeyro en un documental-alegato que hacía patentes las irregularidades del caso: el imputado nunca fue reconocido por la víctima del supuesto robo, ni el dinero ni el cómplice pudieron ser ubicados, el vehículo en el que se dio a la fuga Carrera no coincidía con el indicado por el damnificado, no se probó el disparo de armas desde el interior del vehículo, parte de la prueba se "extravió" en dependencias policiales, existían dudas sobre si Carrera se encontraba plenamente consciente al momento de embestir a los peatones o, si por el contrario, se encontraba sensorialmente afectado por el impacto de una bala disparada por los efectivos policiales, el principal testigo del caso era el presidente de la cooperadora policial, y una larguísima lista de etcéteras. En definitiva, las irregularidades del caso llevaban a una hipótesis alternativa del hecho: que Carrera, un simple ciudadano que acababa de dejar a su hija en la escuela, había sido confundido con el supuesto ladrón por el personal policial, que emprendió su persecución a los tiros desde un auto destartalado "no identificable" (es decir, que no cuenta con insignias o logotipos que permitan identificarlo como un vehículo policial), y que, una vez producida la tragedia, se simuló el enfrentamiento y se fraguaron pruebas para desligar la responsabilidad de la Policía en el hecho.


Recurrida por la defensa la sentencia del Tribunal Oral por las graves deficiencias en la valoración de la prueba comentadas, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso, por entender que versaba sobre cuestiones de "hecho y prueba" ajenas a la instancia casatoria.

En definitiva, de ser cierta la versión de la defensa (y todo pareciera indicar que efectivamente lo es), el panorama al que se enfrentaba la Corte al tratar el caso era el siguiente: una persona presumiblemente inocente confundida con un delincuente, acribillada por la policía (como resalta Zaffaroni en su voto, Carrera salvó su vida prácticamente de milagro), condenada a una severísima pena de treinta años de prisión mediante una valoración arbitraria y antojadiza de la prueba probablemente enderezada a encubrir el descontrolado accionar policial, privada efectivamente de su libertad durante siete años, y a la que se vedó la posibilidad de revisión de la sentencia mediante una excusa formal, para colmo incongruente con la jurisprudencia de la Corte sobre el objeto del recurso de casación. En pocas palabras, la Corte estaba frente a un caso bastante evidente de violencia policial y complicidad judicial.

II. ¿Qué resolvió la Corte?

Para resolver la cuestión (descartando la posibilidad de rechazar el recurso), la Corte tenía básicamente dos caminos:

a) Recurrir a la doctrina de la arbitrariedad, tanto de la sentencia condenatoria como del rechazo del recurso de casación, meterse a analizar el fondo del asunto y poner de manifiesto la gravísima secuencia de irregularidades procesales y probatorias que habían llevado a la condena de Carrera, dejando en evidencia la arbitrariedad y mala fe procesal de los funcionarios judiciales que sistemáticamente omitieron analizar aquellas pruebas que favorecían al acusado (lo que eventualmente podría derivar en la responsabilidad penal de los funcionarios policiales que provocaron la tragedia y "armaron" la causa para desvincularse del hecho, y el juicio político de los jueces y fiscales de las distintas instancias que actuaron en connivencia con la Policía).
b) Echar mano al argumento "procesal" de que la Cámara de Casación no había agotado el análisis de los planteos y pruebas introducidos por la defensa, en concordancia con el precedente "Casal" (Fallos 328:3399), y que por ende correspondía remitir nuevamente el expediente a ese tribunal, para que revise con mayor profundidad los argumentos defensistas y se pronuncie nuevamente sobre la validez de la sentencia condenatoria.

Evidentemente, la opción a) implicaba desatar un verdadero escándalo en el que por lo menos tres fiscales, un juez de instrucción, tres jueces de Tribunal Oral, tres jueces de la Cámara de Casación y hasta el Procurador General de la Nación quedaban como cómplices de un acto de demencial violencia policial, mientras que la opción b) ofrecía una salida elegante para dar a Carrera la posibilidad de que se revise su condena de modo silencioso e higiénicamente técnico.

Esperablemente, la Corte optó por la salida "incruenta" de remitirse a la doctrina de "Casal" (y su bastante poco clara distinción entre "arbitrariedad" y "defectuosa valoración de la prueba") y remitir nuevamente las actuaciones a la Casación para que se pronuncie sobre aquello que no se había querido pronunciar, dejando a Carrera sometido aún al proceso por un tiempo medianamente incierto. Concretamente se sostuvo que:

"...el tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la defensa en el recurso incoado contra la condena con base en los elementos probatorios que expresamente individualizara, y por los que sostuviera que su asistido era ajeno al ilícito de robo por el que fuera condenado y que no era responsable por los demás ilícitos por los que recayera sentencia [...] En consecuencia, el fallo recurrido carece de la debida fundamentación y, en tales condiciones, ha de acogerse favorablemente el recurso".
Sinceramente, no es que esté en desacuerdo con los argumentos de la Corte (parece evidente que una resolución judicial que omite siquiera tratar los argumentos de una de las partes, sin especificar por qué no los considera válidos o conducentes a la resolución del caso, carece de la debida fundamentación), pero me parece que dejan sabor a poco. Ante la oportunidad de condenar severamente la violencia policial y hacer responsables, por connivencia, a los jueces que condenaron a un inocente recurriendo a una valoración antojadiza y arbitraria de la prueba, el Máximo Tribunal se limitó a una ligera "amonestación" de carácter procesal, apenas señalando que la Casación no había hecho el suficiente esfuerzo revisor para zanjar todas las cuestiones planteadas por la defensa. Es decir, una decisión técnicamente correcta, pero que deja el mensaje de que los jueces pueden disponer desaprensivamente de la libertad de los ciudadanos y avalar el accionar delictivo de la policía, sin exponerse por ello a consecuencias significativas.

Sin perjuicio de lo expuesto, y antes de concluir, me gustaría dejar algunas apreciaciones puntuales sobre los votos de los Dres. Zaffaroni y Petracchi.

III. Zaffaroni y la pauta de lo que podría haber sido

El voto del Dr. Zaffaroni merece ser destacado dado que, si bien en cuanto a la resolución del caso también opta por el reenvío a la Casación para que se pronuncie nuevamente, pone de relieve algunas de las llamativas inconsistencias de la sentencia condenatoria y señala la gravedad institucional del caso, acotando en consecuencia el margen de acción del Tribunal inferior para dejar en pie la condena dictada a Carrera.

Zaffaroni arranca desde los primeros párrafos de su voto señalando que la hipótesis aceptada por el Tribunal de juicio es "confusa y poco explicable conforme al curso usual de los acontecimientos, tanto en la práctica policial como criminal", dando a entender que la valoración de la prueba efectuada en la sentencia condenatoria no sólo es insostenible según el criterio de la "sana crítica", sino directamente contraria a las más elementales pautas del sentido común.

Entre las notables inconsistencias que resalta Zaffaroni, podemos contar:

  • Que la sentencia llega a la conclusión de que Carrera se encontraba consciente al momento de atropellar a las víctimas, pese a la existencia de peritajes que contradicen tal posibilidad, valorando que estaba lúcido al momento de recibir asistencia hospitalaria, lo cual evidentemente no permite concluir que se encontraba plenamente consciente de sus actos al momento de los hechos. En tal sentido, el Tribunal omitió también evaluar la alteración que pudo haber causado el miedo en el imputado, máxime luego de haber recibido por lo menos un disparo.
  • Que las conclusiones del Tribunal respecto del sentido y autoría de los disparos que impactaron el vehículo de Carrera (se encontraba controvertido si los mismos habían partido del interior o del exterior del vehículo), tampoco era consistente con los respectivos peritajes.
  • Que la gran cantidad de disparos que impactaron en el vehículo, no se condice con un accionar policial normal, máxime teniendo en cuenta que se trataba de una persecución por un lugar altamente transitado.
  • Que, si en la versión del tribunal, Carrera entregó el dinero supuestamente robado a su cómplice, para evitar ser incriminado, no se explica por qué no obró igualmente con el arma que habría conservado en su poder y lo incriminaba de modo aún más evidente.
  • Que, respecto del robo con armas que habría desencadenado los hechos "en la sentencia casatoria se le resta importancia a la descripción del auto (Fiat Palio color blanco), que resulta ser de una marca diferente a la del imputado, y se omite analizar el hecho de que ni el arma, ni el imputado fueron reconocidos por los damnificados y el único dato aportado (las gorras que utilizaban) tampoco pudieron ser reconocidas por haberse extraviado en la sede policial donde se guardaron.
 

Como se ve, el voto de Zaffaroni, sin convertirse en una reprimenda demasiado severa a la Casación y el Tribunal Oral, al menos analiza concretamente los elementos que no fueron debidamente considerados -o lo fueron, pero de un modo contrario al de las reglas de la lógica, la experiencia y aún del beneficio de la duda- al sentenciar, lo cual cierra en buena parte la hipótesis de que, abierta la revisión de la prueba inicialmente rechazada, la Casación la valore nuevamente en contra de las pautas señaladas.

IV. Petracchi y el bochorno del "280"

Mi más severo rechazo merece el vergonzoso voto del Dr. Enrique Petracchi, que se limitó a usar la fórmula del art. 280 del Código Civil y Comercial de la Nación para rechazar el recurso extraordinario planteado por la defensa de Carrera, sin ningún tipo de argumentación respecto de las razones por las cuales dicho recurso sería inadmisible.

Más allá de mi posición personal respecto de la inconstitucionalidad de la monárquica disposición del art. 280 del Código Civil y Comercial de la Nación (que obviamente la Corte Suprema, único órgano habilitado para aplicar dicha norma y rechazar según su "sana discreción" el recurso extraordinario sin necesidad de fundamentación, jamás declarará) por resultar violatorio del derecho de defensa en juicio y la forma republicana de gobierno (que, según mi criterio, exige que los actos de las autoridades de los tres poderes del Estado sean motivados y permitan su escrutinio, crítica y control por parte de los ciudadanos), me parece de una cobardía impropia de un juez del Máximo Tribunal recurrir a tal facultad en un caso de la gravedad institucional de "Carrera".

En una situación como la planteada, en la que existe la posibilidad de que una persona inocente haya sido condenada a una severísima pena de prisión merced a una conspiración policial avalada por la connivencia judicial, aún cuando se consideren válidas las resoluciones recurridas por el imputado, la más mínima noción de respeto hacia los ciudadanos impone que el rechazo del recurso sea motivado, y al menos puntualice las razones por las cuales se considera improcedente.

V. Mis conclusiones

Como decía al comenzar el análisis, el fallo "Carrera" no puede evaluarse desde un punto de vista estrictamente jurídico. Desde esa óptica, la Corte ya había dicho en "Casal" casi todo lo que tenía para decir respecto de la obligación del tribunal de Casación de efectual el máximo esfuerzo revisor posible respecto de las sentencias dictadas por los Tribunales Orales a los efectos de asegurar el derecho a la doble instancia contemplado en los tratados internacionales, lo cual obviamente incluye el análisis de las cuestiones de hecho y prueba señaladas por el recurrente. A lo sumo podría haber aclarado algunas cuestiones, como la algo difusa diferencia entre la sentencia arbitraria y aquella que, sin serlo, trató deficientemente los agravios planteados por el recurrente, trazada en el mencionado precedente.

Desde un punto de vista político, sin embargo, me parece que la Corte pecó de timorata en "Carrera". Si, como todo indica y el voto de Zaffaroni se encarga de señalar, la condena de Carrera no sólo se basó en una valoración ilógica y arbitraria de la prueba, sino que además podría haber sido el resultado de una mezcla de corporativismo y connivencia judicial para con los errores de los tribunales inferiores y el accionar delictivo de ciertos miembros de la policía, la Corte debió aprovechar la ocasión para dictar un fallo ejemplar.

Porque la mera posibilidad de que cualquier ciudadano, sin haber cometido ninguna clase de ilícito, pueda de repente convertirse en blanco de una balacera policial, objeto de un proceso viciado por donde se lo mire e, injustamente condenado a una pena que es casi una sentencia de muerte civil, es en si misma lo suficientemente inquietante como para exigirle a la Corte no sólo la revisión del fallo, sino que tome las medidas necesarias para restablecer la confianza en la Justicia y tratar de asegurar que nadie más será víctima de una situación similar.

Sólo pensar en los cientos de individuos anónimos que no han contado con la dudosa suerte de Fernando Carrera, que al menos logró interesar con su causa a buena parte de la sociedad y aun cineasta que se convirtió en su defensor público, y que deben estar purgando en silencio dolorosas condenas por delitos que no han cometido, me hace reclamar a la Corte más, mucho más, que el tibio señalamiento de algunos errores procesales.