domingo, 22 de abril de 2007

La autopuesta en peligro y los límites a la injerencia estatal

No tengo por costumbre contestar a otros colegas mediante artículos autónomos. Sin embargo, y dado que mi estimado colega Gustavo Arballo hiciera referencia a mi persona en un artículo reciente (¿Debe el Estado consentir la autopuesta en peligro del individuo?), que el tema me parece de sumo interés, y que el desarrollo que le ha dado merece una respuesta algo más meditada de las que acostumbro dar, he decidido abandonar excepcionalmente esa regla de conducta.

 

El problema central del artículo, que desde ya está planteado con una elegancia analítica de la que carezco, consiste en determinar en qué circunstancias y de qué modo es legítima la intervención del Estado para evitar que un individuo ponga voluntariamente en riesgo su vida, su salud, su patrimonio o sus intereses.

 

La postura de Arballo es que, si bien el principio general es la libertad del individuo para dirigir sus actos, en ciertos casos se encontraría justificada una intervención estatal tendiente a salvar a la persona de si misma, por encontrarse viciada su voluntad, por problemas de información, por desequilibrios en la posición contractual, etc. En definitiva, creo que todos esos supuestos podrían resumirse en el primero: la intervención del Estado se encontraría justificada cuando existan motivos suficientes para sospechar que la voluntad del individuo se encuentra viciada, y por ende no es verdaderamente libre su elección de colocarse en una situación de peligro.

 

A continuación voy a tratar de expresar las razones por las cuales, aún en dicha situación, me parece dudosa la conveniencia de promover la intervención del Estado. Antes, sin embargo, quisiera hacer una aclaración previa.

 

La función del Estado en una sociedad abierta.

 

Como decía, antes que nada me parece pertinente aclarar que, según creo, en el fondo de la polémica anida una antigua cuestión de filosofía política, que pese a haber sido debatida durante largos siglos jamás ha sido resuelta de modo concluyente: ¿Para qué existe el Estado?

 

Desde una posición liberal como la que sostengo, la existencia del Estado no puede tener otro propósito que no sea el de proteger y ampliar, en la medida de lo posible, el campo de la autonomía individual. Es decir, para el liberalismo, el Estado es un medio para asegurar al individuo que podrá desarrollar su propio plan de vida sin más limitaciones que la de respetar idénticos derechos de terceras personas.

 

Partiendo de esa base, se entiende por qué el liberalismo mira con desconfianza toda restricción gubernamental a los derechos individuales, las cuales, por otro lado, sólo se justifican en la medida que estén destinadas a salvaguardar legítimos derechos de terceros.

 

Para un liberal, el derecho del individuo a ser exclusivo soberano sobre su persona y decidir sobre ella hasta el punto de ponerla en riesgo si así le place, es una norma general de fuerza tal que sólo razones muy poderosas justificarían su abandono. Aún así, por ser la libertad el principio fundamental, las restricciones que se le impongan deberán ser siempre las menos gravosas entre todas las alternativas posibles.

 

Es este fervor por la libertad, y no un mero materialismo, lo que mueve la vehemente defensa que hace el liberalismo del derecho de propiedad. Es por aquello a lo que la propiedad sirve como medio, y no por ser un fin en si mismo, que el liberal la defiende apasionadamente. Cuando se me priva de la propiedad se me priva del esfuerzo que me ha costado conseguirla, y de aquello a lo que pensaba destinarla. Se me expropia el tiempo dedicado al trabajo o del libro que pensaba adquirir con su fruto, lo que es prácticamente lo mismo que esclavizarme parcialmente o prohibirme la lectura.

 

Aclarada la perspectiva desde la cual veo la función del Estado, y las razones de filosofía política por las cuales creo que, en principio y hasta que se demuestre lo contrario con argumentos de peso, toda restricción a la libertad individual debe ser mirada con desconfianza, pasaré a analizar los argumentos que ha dado mi colega como justificación a la intervención estatal destinada a evitar la autopuesta en peligro del individuo.

 

Los vicios de la voluntad como presupuesto de la intervención estatal.

 

El argumento más fuerte para sostener la necesidad de la intervención estatal a efectos de proteger al individuo de sus propias decisiones deriva del hecho de que, en ocasiones, dichas decisiones no parecen estar fundadas en una verdadera consideración de los propios intereses del sujeto, sino que la voluntad se encuentra viciada por la ignorancia, la desesperación u otras circunstancias que parecen excluir la libertad de la decisión. Como lo dice Arballo literalmente, "repárese que lo que justifica la intervención estatal no es la desconfianza en la autodeterminación del sujeto, sino la presunción de que su voluntad de asumir el riesgo, o no existe, o se encuentra viciada y no es tal".

 

En mi humilde criterio, y como primer paso, debe advertirse la dificultad primigenia de determinar cuando puede presumirse que la voluntad del sujeto se encuentra viciada. Pese a lo que sostiene mi distinguido colega, creo que en la mayoría de los casos la intervención estatal, aunque solapadamente, se funda en la desconfianza en la autodeterminación del sujeto, o en la discrepancia entre lo que este decide y el criterio de "normalidad" sostenido por el legislador.

 

A mi modo de ver, la existencia de vicios en la voluntad del sujeto puede determinarse en dos momentos distintos:

 

  • Ex ante, es decir antes de que la decisión sea adoptada, y tomando como base del juicio de valor las circunstancias que rodean la elección del individuo. Por ejemplo, podríamos presumir que se encuentra viciada la voluntad del paciente que decide someterse a una intervención quirúrgica, si sabemos que el cirujano no lo ha informado debidamente de los riesgos de la operación.
  • Ex post, es decir una vez adoptada la decisión, y tomando como base del juicio de valor el contenido mismo de la elección. En este caso, por ejemplo, podríamos presumir que no es libre la elección de quien solicita un préstamo a una tasa exorbitantemente elevada, aún cuando el individuo sepa que no se trata de la tasa corriente de mercado, si tenemos conocimiento de que el sujeto se encuentra en una situación financiera asfixiante.

 

En el primer caso, en el que la presunción del vicio en la voluntad opera ex ante, y tomando como base la ausencia de uno de los elementos fundamentales de la formación de esa voluntad (como sería la ignorancia sobre las circunstancias que la rodean y sus posibles efectos), entiendo que podría aceptarse, con las condiciones y limitaciones que expresaré más adelante, cierto nivel de injerencia gubernamental. Siempre y cuando, claro está, ella esté destinada a completar los elementos de juicio con que cuenta el individuo y no a suplantar su voluntad por el designio del legislador.

 

El segundo caso, por el contrario, implica suponer que no es libre aquella decisión cuyo contenido difiere de aquello que el legislador considera normal.

 

Se parte de comparar la decisión del individuo con un parámetro fijado de antemano de lo que es "normal" o "razonable". Por ejemplo, el legislador considera que es razonable pagar por un préstamo el 10% anual de interés como máximo. Si un individuo acepta pagar un interés del 40%, la norma supone que su voluntad está viciada, dado que "nadie en su sano juicio contrataría en tales condiciones". Como se ve, en estos casos la ley prescinde de analizar los motivos que pudiera haber tenido el individuo para actuar de ese modo, presuponiendo que todo el mundo debe actuar según el criterio de racionalidad sostenido por el legislador. Para superar el "vicio en la voluntad", es usual que se prohíba actuar al individuo del modo "irrazonable" bajo amenaza de pena (tal sería el supuesto de punición del consumo de drogas en algunas legislaciones), o bien que se prive de efectos jurídicos al acto "viciado" (como en el caso de los contratos "de objeto inmoral" en nuestro Código Civil).

 

Estos son típicos casos donde la ley prescinde del criterio del individuo y lo suplanta por el criterio del gobernante, y por ello resulta totalmente inaceptable bajo una concepción liberal y respetuosa de la autonomía individual.

 

Por más extraña, irrazonable, extravagante o inmoral que nos parezca la acción del sujeto, si ella a nadie perjudica debe ser respetada. Caso contrario, estaríamos violando el principio de que el fin del Estado es proteger y ampliar el campo de la autonomía individual en la medida de lo posible.

 

Casos en los cuales podría resultar justificada la intervención estatal.

 

Antes había mencionado que, pese a estar parado en lo que denominaría un "liberalismo intransigente", acepto que existen casos en los que, al menos en principio, podría estar justificada una intervención estatal destinada a proteger al individuo del riesgo que implican sus propias decisiones.

 

Identifiqué esos casos con aquellos en que se puede conocer ex ante, y con cierto grado de precisión, que se encuentra ausente alguno de los elementos que constituyen presupuestos de la acción libre.

 

Tomando prestada la noción de "acción voluntaria" del Derecho Civil, podemos decir que una persona actúa voluntariamente cuando tiene conocimiento de las circunstancias que rodean la acción y sus posibles implicancias, y no existe coacción ejercida por un tercero.

 

Soy consciente de que me estoy olvidando que también es presupuesto de la acción voluntaria el discernimiento, es decir la capacidad de comprender las implicancias de los propios actos, pero voy a dejar de lado esa cuestión porque el tema principal qué aquí se analiza es la posible interferencia del Estado en las decisiones de personas adultas y en su sano juicio. Asimismo podría suponerse que no es voluntaria la decisión de quien obra influenciado por circunstancias externas no necesariamente atribuibles a la acción deliberada de un tercero (desastres naturales, crisis económicas, etc.), pero creo que negar la voluntariedad de la acción en tales circunstancias nos tendría que llevar en última instancia a caer en un determinismo según el cual ninguna acción podría ser calificada de voluntaria. De cualquier modo, suponer que en ese caso la acción del legislador permitiría superar esas circunstancias que "vician" la voluntad implicaría en gran medida suponer un grado de omnipotencia de los gobernantes que no se condice con los dictados de la experiencia.

 

Para continuar con el análisis voy a prescindir del supuesto en que el individuo obra coaccionado por un tercero, puesto que en ese caso la intervención estatal no estaría ya destinada a evitar la "autopuesta en peligro", sino a evitar los daños hacia terceras personas, lo cual resulta ajeno al tema propuesto, aunque en ocasiones puedan llegar a confundirse ambas situaciones.

 

Queda entonces analizar la situación en que el individuo obra por desconocimiento de las circunstancias que lo rodean y de las potenciales consecuencias de sus actos.

 

Pues bien, en este caso, y si lo que realmente se pretende es salvaguardar el ámbito de autonomía del individuo, lo único que puede hacer el derecho es suplir su desconocimiento proveyendo los medios para que cuente con una información adecuada que le permita adoptar una decisión plenamente voluntaria.

 

Una vez que el sujeto ha sido debidamente informado de las consecuencias potenciales de sus actos, cesan los motivos que justificarían la interferencia del sistema jurídico. Cualquier intervención posterior destinada a corregir o prevenir los efectos perjudiciales para el individuo de sus propias acciones, implicaría ya la sustitución de la voluntad del sujeto por la del legislador, lo cual, como ya lo hemos repetido, no resulta aceptable en un sistema jurídico que tenga por objeto maximizar la autonomía individual.

 

Puesto en un ejemplo, podríamos encontrar justificada la sanción de una norma que obligue a las empresas tabacaleras a informar a sus potenciales consumidores los riesgos que el consumo de tabaco representa para la salud (normas que de hecho existen en nuestro medio y muchas otras naciones). Ello no tendría mayores efectos que mejorar la base a partir de las cuales adoptan sus decisiones los individuos. Pero si la norma fuera más allá, y directamente prohibiese fumar a una persona plenamente informada de los riesgos que implica para su salud el cigarrillo, estaríamos sustituyendo la escala de valores del fumador por la escala de valores de otras personas.

 

Tal pretensión autoritaria a veces se intenta disimular sosteniendo que, aún cuando está informada, la persona no es capaz de internalizar las consecuencias de sus actos, es decir, no las comprende plenamente. Pero ello no es más que un modo "políticamente correcto" de sostener que quienes no piensan como uno son idiotas que deben ser forzados a actuar "correctamente".

 

Conozco personas perfectamente conscientes de que el cigarrillo deteriora su salud, no obstante lo cual prefieren tener una vida menos prolongada, o una salud más frágil, antes que privarse del placer que les proporciona el tabaco. ¿Con qué justificación el legislador les impondría a estas personas, contra su voluntad, una escala de valores en la que la salud es más importante que el placer? ¿Existe acaso un parámetro objetivo para sostener que determinados valores son más importantes que otros, en cualquier circunstancia y para cualquier persona, a partir del cual concluir que quien no adecua sus acciones a esa escala de prelación obra equivocadamente?

 

En el fondo, la estructura lógica del razonamiento de quienes propician la intervención estatal a efectos de modificar la conducta de personas adultas, informadas, y que a nadie perjudican con el objeto de "protegerlas" de si mismas, no difiere demasiado del razonamiento que aplican quienes sostienen que directamente deben imponerse a las personas determinados modelos de conducta virtuosa. Entre impedirme fumar u obligarme a utilizar el cinturón de seguridad y obligarme a dar la vida por la patria o mantenerme casto hasta el matrimonio hay sólo una diferencia de grados, más no una lógica esencialmente distinta. En ambos casos, quien sostiene la necesidad de dar intervención a la autoridad pública para que los demás adapten sus conductas a lo que considera correcto o virtuoso, se cree agraciado propietario de una verdad absoluta, que debe ser impuesta piadosamente a todos los seres inferiores que carecen de la capacidad para comprenderla por si mismos.

 

Tres aclaraciones.

 

En los párrafos anteriores expliqué que, en algunos casos, quizá se encuentre justificada, desde mi punto de vista, la intervención del Derecho a efectos de suplir la ausencia de ciertos elementos que obstan a la conformación de una voluntad individual plenamente libre. También expresé que dicha intervención en ningún caso puede ir más allá de brindar al individuo los elementos necesarios para que conforme sus propios juicios de valor, si lo que se pretende es defender una sociedad abierta que tenga como paradigma la autonomía individual. Ahora quisiera hacer algunas aclaraciones.

 

Para empezar, así como una vez que el individuo está plenamente informado debe cesar toda intervención estatal destinada a protegerlo de los riesgos que implican sus propias decisiones, ello implica también que es el propio individuo quien debe hacerse exclusivamente responsable por los efectos dañosos que para su persona o sus bienes tuvieran tales decisiones.

 

La libertad tiene como contracara la responsabilidad.

 

Quien se arroja de un puente haciendo bunjee jumping y por algún motivo se estrella contra el suelo, no puede pretender después que toda la comunidad deba hacerse cargo de los costos de curar su maltrecha osamenta. Hay aquí mucho del viejo principio según el cual nadie puede alegar su propia torpeza. Y también bastante del principio según el cual el obligado a reparar un daño debe ser en primer lugar quien lo causó: si cuando daño la propiedad de mi vecino estoy obligado a repararla, con mucha más razón estaré obligado a correr con el costo de reparación cuando soy el causante del daño a mis propios bienes.

 

En segundo término, todo en la vida requiere de cierta moderación y la pretensión de brindar a las personas buena información para que adopten sus decisiones no es la excepción a esta regla. La información perfecta simplemente no existe. Ningún ser humano obra jamás con un conocimiento pleno de todas las posibles implicancias de sus actos, dicho conocimiento siempre está limitado a la también limitada capacidad de la mente humana. Toda acción humana puede eventualmente engendrar consecuencias imprevisibles, y por ello hay que ser más bien modesto en cuanto a las expectativas que ponemos en pretender que las personas actúen plenamente informadas.

 

La información que podemos ofrecer a una persona para que forme su voluntad es aquella que la experiencia indica en cada caso como más relevante. Al potencial fumador podremos advertirle que el tabaco puede causar cáncer de pulmón, y a quien conduce un automóvil avisarle que el uso del cinturón de seguridad reduce los índices de mortalidad en caso de accidente. Pero obligar al agente de viajes que informe al solitario pasajero que un fin de semana en el Caribe podría eventualmente desatar una cadena de acontecimientos que terminen con su esposa demandando el divorcio es francamente absurdo, aún cuando tal curso causal no sea necesariamente imposible. Todos nos movemos habitualmente dentro de un marco de relativa incertidumbre, y toda elección implica potenciales riesgos.

 

Aceptar esto evitará al ocasional legislador caer en la tentación de proponer normas extremadamente minuciosas, pretenciosas y aún ridículas.

 

Finalmente, no puedo dejar de observar que brindar información a los individuos para que tomen decisiones implica necesariamente un costo. Informar no es gratuito y alguien debe afrontar el correspondiente costo. Aquí creo que hay que ser extremadamente cuidadoso.

 

El primer obligado a afrontar el costo de la información debería ser el propio interesado en contar con ella, aún cuando las más de las veces ello sea posible sólo de forma indirecta. Por ejemplo, si se establece que los fabricantes de automóviles informen a sus potenciales clientes las ventajas de utilizar el cinturón de seguridad y contar con un sistema de air-bag, el costo probablemente lo terminen afrontando los compradores de automóviles a través de un incremento en el precio de los mismos.

 

Sin embargo, podrían existir casos en los cuales resulte imposible asignar al propio interesado el costo de la información. Por ejemplo, contar con información relativa a cómo la utilización de preservativos previene el contagio del HIV podría resultar necesario aún a aquellas personas que decidan prescindir de su uso y correr mayores riesgos. Si el costo de informar sobre las ventajas del uso de preservativos se impone a los fabricantes (e indirectamente a los consumidores), las personas que se benefician de la información pero no utilizan preservativos estarían actuando como "free riders", es decir usufructuando algo (la información) sin afrontar su costo, que es soportado por otras personas.

 

En estos casos, hay quienes suponen que si la comunidad en su conjunto no asume el costo de la información, los consumidores no estarán dispuestos a pagar por algo que aprovecharán gratuitamente otras personas, y por ello no habrá información disponible en la cantidad y calidad necesarias.

 

Inclusive son bastante nutridas las huestes de quienes sostienen que en tales casos es esencialmente justo cargar a toda la comunidad con el costo de la información. Siguiendo las enseñanzas de John Rawls, suponen que en una situación hipotética en la que nadie sabe los recursos con los que contará, ni las necesidades que tendrá, todos optarían racionalmente por resignar una parte de los potenciales recursos a efectos de crear mecanismos que los "aseguren" contra eventuales necesidades cuyo costo supere la capacidad de los recursos con que han sido dotados. De este modo, dado que nadie sabe a ciencia cierta si en algún momento necesitará información sobre preservativos, es justo obligar a toda la comunidad a pagar campañas de divulgación. Sin embargo, lo que obvia el argumento "rawlsiano" es que la racionalidad no se predica de los fines que las personas persiguen, sino de los medios que utilizan para alcanzarlos. En la situación hipotética planteada, algunas personas podrían tener una mayor inclinación al riesgo que otras y por ende decidir no contribuir al "fondo común", y no habría argumento alguno para sostener que unos son más racionales que otros, lo que me lleva a concluir que no hay modo de vincular un criterio de justicia redistributiva con parámetros de racionalidad, a menos que presupongamos que sólo actúan racionalmente quienes persiguen los fines que los rawlsianos entienden como razonables.

 

Con todo no soy amigo de hacer pagar a toda la sociedad por algo que utilizarán sólo algunos de sus miembros. Ello implicaría restringir el derecho de propiedad de terceras personas que nada tienen que ver en el asunto, y reemplazar sus decisiones respecto de la utilización de los recursos que poseen por decisiones adoptadas por otras personas. Creo que esta es una opción que hay que restringir a aquellos casos en que no existe otra opción posible, los cuales son afortunadamente bastante menos de los que algunos estarían dispuestos a pensar. Esta última afirmación me introduce a un último tema que quisiera tratar.

 

 

La necesidad de una norma no siempre justifica la intervención del Estado.

 

Existe entre nosotros cierta tendencia a suponer que cada vez que resulta necesaria una norma para resolver una situación conflictiva es el Estado quien debe proveerla. Parecemos olvidar que existen muchas normas de gran utilidad para la vida en sociedad que no han sido creadas por la voluntad deliberada de ningún legislador, sino que son el fruto espontáneo de las relaciones entre los seres humanos, que con el paso del tiempo decantan en costumbres generalmente aceptadas.

 

Sin ir más lejos, el idioma castellano en el que estoy escribiendo estos párrafos no fue creado jamás por legislador alguno, y mal que les pese a los señores de la Real Academia, es fruto de un proceso evolutivo a través del cual fueron naciendo las reglas gracias a las cuales podemos comunicarnos, y que se encuentra en un proceso de cambio permanente.

 

En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que usualmente pueden resultar necesarias ciertas normas que permitan a las personas formar su voluntad en plena libertad, de ello no se deriva que sea únicamente el Estado el que provea dichas normas, y que las mismas no puedan surgir espontáneamente de las relaciones sociales.

 

Analicemos algunos ejemplos.

 

Un caso clásico de normas que buscan proteger a los individuos de los potenciales efectos nocivos de sus propias decisiones son aquellas que imponen sistemas de jubilación obligatorios. Dichas normas parten de la base de que muchas personas, si no son obligadas a ahorrar parte de su ingreso para cuando ya no puedan seguir trabajando, despilfarrarán todos sus ingresos actuales y se verán condenadas a la miseria en la vejez.

 

Creo que las personas no son tan estúpidas como lo suponen los partidarios de la jubilación obligatoria y de hecho ahorran voluntariamente para su futuro en la medida de lo posible. Ahorro que era mayor aún cuando no existía la promesa de una jubilación que las más de las veces, por lo menos en nuestro país, terminó diezmada por la demagogia y la corrupción de los políticos encargados de administrar el sistema provisional. Fue la propia intervención del Estado, a través de las leyes de alquileres, la que en la década de 1920 destruyó un sistema provisional espontáneo que hasta ese momento se había mostrado efectivo: la compra de inmuebles destinados a alquiler. Pero este ya es otro tema que merecería un estudio más detallado en otra oportunidad.

 

Dejando de lado que, en una sociedad respetuosa de la autonomía individual, debería dejarse a cada individuo que planifique su futuro del modo que le parezca más conveniente haciéndose cargo de las consecuencias de sus decisiones, tomemos como hipótesis que muchas personas de hecho no son capaces de prever que un futuro su capacidad laborativa mermará, o que directamente sus ingresos actuales son tan escasos que carecen de capacidad de ahorro. ¿Ello significa que la jubilación obligatoria es el único medio de evitar un futuro de ancianos indigentes?

 

Desde luego que no. La jubilación obligatoria es un fenómeno histórico relativamente reciente (aproximadamente un siglo) y no me atrevería a decir que la situación de los ancianos ha mejorado gran cosa, en términos relativos, desde entonces.

 

Antes de la creación de los sistemas previsionales compulsivos, la sociedad espontáneamente había creado instituciones que protegían a la ancianidad, desde la protección intrafamiliar a las asociaciones de socorros mutuos, pasando por todo tipo de sociedades mutuales y de beneficencia.

 

Contrariamente a lo que creen muchos detractores del liberalismo, el axioma del propio interés no implica que los seres humanos piensen sólo en si mismos. Muchas personas son naturalmente solidarias con sus semejantes y ello forma parte de sus propios intereses. Como decía Adam Smith, habitualmente estamos inclinados a servir a la felicidad del prójimo, aunque de ello no derivemos mayor utilidad que el placer de poder contemplarla.

 

Un segundo ejemplo es aquel en el cual la imposibilidad de impedir el goce de ciertos bienes a personas que no pagan por ellos, los denominados "free riders", podría eliminar todo incentivo para la producción de los mismos. Esta es la situación que generarían los así llamados "bienes públicos", tal como sería una campaña de prevención del contagio de HIV. Ya vimos que hay quienes piensan que en ese caso no existiría nadie interesado en financiarla, puesto que los consumidores y productores de preservativos no querrían afrontar el costo de una campaña masiva que alcanzare también a aquellas personas que no los utilicen.

 

Sin embargo, quienes proponen la intervención estatal como solución al problema de los "bienes públicos" desconocen que en muchas ocasiones el interés de ciertas personas en proveerlos puede ser tal, que incluso no los amedrente el hecho de que otros los usufructuarán sin pagar por ellos.

 

El ejemplo clásico de bienes públicos en la literatura económica solía ser el de los faros que guiaban la navegación. Según la teoría, si el Estado no construía dichos faros, nadie estaría dispuesto a construirlos, dado que era imposible excluir de su uso a los navegantes que no pagasen por el servicio. Sin embargo, la investigación histórica, como lo advirtiera Ronald Coase, demostró la falsedad del ejemplo: en Inglaterra existieron durante siglos faros privados. Dichos faros eran mantenidos por los comerciantes de ciertas ciudades portuarias, que los utilizaban como medio para atraer el tráfico comercial hacia ellas.

 

Volviendo al ejemplo de los preservativos y las campañas de prevención del SIDA, no sería de extrañar que algunos empresarios tuvieran un interés tan grande en promover su producto como para estar dispuestos a absorber el costo de una campaña de divulgación sobre las ventajas del uso de profilácticos, que brindase información relevante aún para quienes utilizaren el producto de la competencia o directamente decidieran abstenerse de su uso.

 

En este sentido, la acción del Estado destinada a la provisión de "bienes públicos" puede resultar en muchos casos bastante menos acuciante de lo que una mirada superficial sobre el tema indicaría.

 

También tengo la sensación de que muchas veces se subestima la capacidad de ciertas instituciones espontáneas para brindar a los consumidores información veraz y de utilidad para la toma de decisiones. El prestigio es una de ellas.

 

Arballo refiere a la necesidad, en algunos casos, de imponer normas que certifiquen la calidad de ciertos productos. Sin embargo no puede ignorarse que la propia actuación de las empresas en el mercado va generando una impresión en el público respecto de la calidad de sus productos, que usualmente es tenida en cuenta al momento de decidir su adquisición.

 

Aún en ausencia de tales certificaciones, el prestigio de una marca opera como "certificación espontánea" de la calidad de sus productos, tal como puede ser cierta marca sueca de automóviles que es verdadero sinónimo de alta tecnología en seguridad vial. Simplemente los consumidores intercambian informalmente información sobre los productos que les permiten formarse una visión bastante acertada sobre sus cualidades, aún en ausencia de toda norma de certificación.

 

Por otra parte, muchas veces los propios productores están sumamente interesados en obtener voluntariamente dichas certificaciones, que suelen ser respaldadas por instituciones privadas, a efectos de garantizar a sus potenciales consumidores la calidad de los bienes que ofrecen en el mercado. Un ejemplo es el fervor por obtener certificaciones ISO, que hasta donde yo se no son obligatorias en nuestro país, que sin embargo pueden ser de utilidad para los empresarios a efectos de destacarse por sobre sus competidores.

 

Hay claramente un error en suponer que los empresarios tienen una natural tendencia a vender productos baratos y de mala calidad. Ello puede suceder cuando existen restricciones a la entrada de nuevos competidores al mercado. Pero cuando los mercados son abiertos tener un precio bajo suele no ser suficiente, la propia dinámica de la competencia obliga a los empresarios a introducir productos innovadores que satisfagan las crecientes necesidades de consumidores cada vez más sofisticados.

 

Por otra parte, suele ser un camino hacia el éxito empresarial la capacidad de convencer a los consumidores de pagar un poco más por un producto que satisface necesidades antes desconocidas.

 

Un caso que preocupa a mi colega, como lo es el de los sistemas de seguridad en los automóviles es una clara muestra de estas afirmaciones. Los sofisticados sistemas de seguridad que hoy incluyen los fabricantes no son producto de imposición gubernamental alguna, sino de la necesidad de cautivar al consumidor mediante la innovación.

 

Ningún legislador inventó el air-bag, ni los cinturones de seguridad inerciales, ni las carrocerías deformables, ni los sistemas electrónicos de frenado. Fueron los propios empresarios en su afán de capturar una mayor cuota de mercado y obtener mayores ganancias los que diseñaron tales sistemas, muchos de los cuales hoy son incluidos aún en los automóviles de menor precio sin necesidad de ninguna norma (estatal) que obligue a hacerlo, simplemente porque los consumidores no comprarían vehículos que carecieran de ellos.

 

De modo que el hecho de que consideremos necesario que existan normas para dar soluciones a ciertos casos conflictivos no tiene como consecuencia lógica el recurso a la autoridad estatal para proveerlas, puesto que muchas veces (más de las que habitualmente estamos inclinados a pensar) dichas normas surgen espontáneamente de la propia interacción de los individuos, a partir de la cual van decantando ciertas reglas de conducta producto de un proceso evolutivo basado en el ensayo y el error.

 

Resumen final.

 

A modo de resumen final de todo lo expuesto podemos extraer ciertos principios, los cuales desde luego no pretendo que tengan el carácter de criterios objetivos universalmente válidos, sino que tan sólo expresan algunas ideas personales quizá un tanto desordenadas y faltas de un desarrollo más profundo.

 

  • En una sociedad abierta no es objeto del estado imponer a los individuos la persecución de determinados fines, sino respetar las decisiones individuales de las personas, en tanto no afecten derechos de terceros.
  • La discrepancia entre los fines perseguidos por los individuos y los fines considerados válidos o verdaderos por el legislador no habilita la intervención estatal bajo el pretexto de que las personas no son verdaderamente conscientes de sus intereses.
  • La intervención estatal sólo puede estar justificada cuando su propósito es proporcionar al individuo los elementos necesarios para la formación de una voluntad libre.
  • Aún en caso de que existan motivos que justifiquen la intervención estatal, ésta debería adoptarse sólo en aquellos casos en que la experiencia haya demostrado que no es posible arribar a la conformación de normas mediante la interacción libre de los individuos.

4 comentarios:

Fabiana Bump dijo...

Me perdí.
Ahora te leo de nuevo despacito.
Es muy bueno, pero también muy extenso, sorry.

Dieguistico! dijo...

Si, se me fue un poco la mano. Exceso de entusiasmo. Son 10 páginas escritas en word.

Gustavo Arballo dijo...

1. Incluí tu post en el LR 2. Lo que yo te recomiendo, y trato de hacer, es la de ir armando cada post con subtítulos que contengan microcapítulos de 1 página, aunque siempre se me van un poco más allá. Por supuesto, no tengo autoridad moral para quejarme de nadie que escriba un post largo.

2. Obviamente estamos de acuerdo en varias cosas (muchas), especialmente en la moderación. Ciertos puntos de discrepancia podrían ser pulidos o resemantizados, en otros no nos vamos a poner de acuerdo pero no son estrictamente jurídicos.

3. Para no dejar de decir algo, pero sin escribir una dúplica de la misma extensión, voy a apuntar nada más que uno de los problemas que veo en tu argumentación es que descansa en una sobrevaloración del derecho de propiedad. Una cosa es recortar la autonomía a través de prohibiciones e incriminaciones, y otra cosa es imponer una carga (de información, de certificación previa para expender algo) que tenga un costo implícito para quien fabrica o adquiere la cosa. Una restricción sustancial a ese respecto podría ser confiscatoria, pero una restricción razonable (considerando adecuación fines/medios) no tiene problemas de constitucionalidad.

4. Mantengo un desacuerdo muy severo, aunque no central, con tu argumento del tipo: "si te pusiste en riesgo, bancátelas". No es así. Hasta el ladrón que salió a robar y es herido en un tiroteo con la Policía (esto es: la autopuesta en peligro mas grosera y conciente que existe) tiene derecho a ser atendido y curado. Ocurre incluso entre los que combaten en una guerra y caen en manos del enemigo. La razón no es jurídica, sino biológica: un elemental sentido de humanidad y compasión, de derecho natural, obliga al Estado a hacerlo, a no dejar que una persona sufra o se muera como un perro sea lo que fuere que haya hecho antes.

Marta Salazar dijo...

... la voy a imprimir, así será más fácil leerla y eso que me gusta escribir largo.

Por lo que leí, me parece un debate más que interesante, gracias a ambos por permitirnos participar en vuestros pensamientos!

Un abrazo!