Economía de la barbarie

La noticia lamentable del asesinato a mansalva de dos policías por parte de una banda de delincuentes en un intento de asalto a un camión de caudales en plena autopista Panamericana puede llevar a plantearnos varias cosas. La pregunta obvia es cómo puede llegarse a semejante nivel de desprecio por la vida de otro ser humano, cuestión que por cierto excede el episodio particular y se hace extensible a toda una serie de hechos de violencia muy variados, que van desde luctuosos incidentes que tiñen de sangre las páginas de policiales, hasta la intolerancia verbal de nuestros políticos, pasando por cuestiones más cotidianas como los accidentes de tránsito. La tarea de desentrañar las razones de estos crecientes niveles de violencia en todos los aspectos de la vida la dejo en mano de sociólogos, psicólogos y otros "ólogos" más capacitados que yo para emprenderla.

Sin embargo, un homicidio a primera vista salvaje, irracional e innecesario puede llegar a entenderse (jamás justificarse) desde otra óptica quizá fructífera, en la medida en que pueda ayudar a pensar herramientas para evitar hechos similares en lo futuro. Me refiero en este caso a la perspectiva del análisis económico del derecho, que puede ser útil para comprender las causas que llevan a una persona a cometer un hecho de las características del que nos ocupa, y pensar respuestas institucionales para intentar prevenirlos. Obviamente, el análisis económico no agota ni siquiera una pequeña parte del análisis de las razones que mueven a un individuo a cometer un delito, pero me parece que en algunos casos puede resultar un enfoque interesante.

La tesis fundamental del análisis económico del delito es que los "delincuentes" actúan racionalmente en la búsqueda del mayor ingreso posible medido en términos monetarios. Haciendo un paréntesis respecto de todas las razones psicológicas y morales que motivan la acción de un individuo, el análisis económico supone que una persona cometerá un delito en la medida en que el ingreso esperado por esa acción sea superior a su costo esperado, entendido generalmente como la posible pena a la que sería sometido multiplicada por la posibilidad percibida de ser juzgado y condenado.

Respecto del caso que nos ocupa, lo interesante de esta perspectiva es que puede darnos alguna idea respecto de por qué una persona que originalmente tenía planeado cometer un hecho de menor gravedad (el robo) termina cometiendo uno mucho más grave (el homicidio), pese a que ello lo expondría en teoría a una pena mayor.

En efecto, por las características del hecho que han reseñado los medios, si la banda de delincuentes que atacó el camión blindado se hubiera entregado al ser interceptados por la policía, la pena máxima a la que se hubieran expuesto sus integrantes habría sido de unos 20 años de prisión (10 años por la tentativa de robo agravado del art. 166.2 del Código Penal y 10 años por la asociación ilícita del art. 210), lo cual les habría dado la posibilidad de salir en libertad aproximadamente después de 13 de encarcelamiento. Por su parte, haber consumado el homicidio los expone a una pena de prisión perpetua (homicidio agravado del art. 80.7 u 80.8 del Código Penal, más la asociación ilícita y la tentativa de robo), lo que en la práctica significa unos 35 años de encarcelamiento.

Independientemente de que cualquiera de las dos penas (13 o 35 años) son lo suficientemente extensas para que el delincuente prefiera "jugársela" enfrentándose a la custodia del camión para evitar ser atrapado, lo relevante desde la óptica del análisis económico es que, desde la perspectiva del ladrón, matar al policía pareciera reducir las posibilidades de ser atrapado y, por ende, condenado, lo cual a su vez reduciría la pena esperada del homicidio.

Supongamos que, de entregarse, los miembros de la banda hubieran tenido un 95 % de posibilidades de ser condenados (siempre hay algún resquicio procesal por el cual intentar evadir la sentencia). Ello nos daría una "pena esperada" de 12 años y 4 meses de prisión. Por su parte, siguiendo la lógica del delincuente, enfrentarse a la policía y eventualmente consumar un homicidio podría disminuir las chances de ser condenado al 50%, lo que dejaría la pena "esperada" del homicidio en 17 años y 6 meses de prisión.

Más allá de lo inexacto de las cuentas, lo que quiero ilustrar es que, desde la perspectiva del delincuente, pareciera casi hasta lógico arriesgarse a cometer un hecho de mayor gravedad para evitar una condena casi segura por un hecho menos dañoso, puesto que la diferencia en la "pena esperada" no sería tan significativa (12 años y 4 meses contra 17 años y seis meses, y ello sin contar la posibilidad de que además hayan cometido otros hechos anteriores que sumen una pena mayor en caso de condena, y reducirían la diferencia de "pena esperada" entre ambas opciones).

¿Qué se puede hacer, desde el sistema penal, para tratar de disuadir la comisión de hechos de tremenda gravedad, como el que acabó con la vida de los dos policías que custodiaban el blindado?

La opción más obvia sería aumentar la pena del homicidio agravado, de modo de incrementar el "costo esperado" por el delincuente en caso de consumarlo. El problema es aquí nos enfrentaríamos a un problema de "inelasticidad", puesto que llegado cierto punto, la pena es tan alta que el potencial delincuente resultaría indiferente a su aumento. Hay una diferencia sustancial entre pasar 2 o 30 años en la cárcel. Pero una vez pasados 30 años, es decir prácticamente una vida entera privado de la libertad, un incremento a 40, 50 o 100 años no tendría demasiados efectos disuasivos, puesto que llegado el punto en que la pena se convierte en perpetua "de hecho", los incrementos nominales sólo pueden tener un efecto simbólico.

Una segunda alternativa, en mi opinión, sería la de disminuir la pena de ciertos delitos de menor gravedad para aumentar la diferencia en el "costo esperado" de las distintas "opciones criminales", y de ese modo tratar de disuadir a los potenciales delincuentes de incurrir en las variantes de mayor gravedad. En nuestro caso, por ejemplo, podría establecerse una pena menor para los robos cometidos con "fuerza sobre las cosas" pero sin "violencia sobre las personas", acercándola a la pena del hurto, distinción que actualmente nuestra legislación no contempla y que quizá podría desviar la atención de las bandas de criminales organizadas hacia variantes menos violentas (como los casos de "boqueteros", que en definitiva no implican una amenaza tan grande para la vida o la integridad física de las víctimas), tornándolas "económicamente más apetecibles" en términos de costo esperado.

Otras posibilidades, no vinculadas al sistema penal sino a medidas de prevención si se quiere "tecnológicas", serían implementar sistemas que incrementen la posibilidad de ser identificado y eventualmente condenado (por ejemplo, instalando cámaras de seguridad en los camiones de caudales) o aumentando el "costo logístico" del hecho delictivo (por ejemplo, transportando los caudales por vía aérea en lugar de por carretera, cuando deben hacerse trayectos considerables como el del caso que nos ocupa -más de 150 km-).

Como se ve, aún sin ahondar en las múltiples causas de un delito tan lamentable, existen posibilidades varias para intentar evitar casos similares en el futuro dentro mismo de lo que es el sistema penal y de seguridad, no todas las cuales van de la mano del clamor de ciertos sectores por un aumento  permantente de las penas, reclamo que en algunos casos puede ser inocuo y hasta contraproducente.